GENOCIDIO VIROSICO esa es la acusación que desde Argentina viene sosteniendo el estudio ASK Abogados desde el inicio de la Pandemia en 2020, año en que luego de las presentaciones legales correspondientes exigiendo que desde Argentina se pida a las autoridades internacionales competentes que investiguen la responsabilidad de China en la creación y propagación del “Covid19”, el ex Juez Federal Canicoba Corral libro un EXHORTO INTERNACIONAL dando lugar a la acción legal de ASK Abogados. Luego, aparentemente por presiones dio marcha atrás.

Alejandro Sanchez Kalbermatten, titular de ASK Abogados, inicio una denuncia contra el ex juez hoy “jubilado” por prevaricato y encubrimiento del genocidio virósico. A continuación, fragmentos de la causa presentada en Comodoro Py. Lean! es revelador.

La acción se dirige contra el ex magistrado Rodolfo CANICOBA CORRAL DNI 4.522.729 y/o contra toda otra persona que la investigación señale autor, partícipe, cómplice, encubridor o responsable de los flagrantes hechos de prevaricato y encubrimiento desplegado por el mentado, quien como juez se encargo de encubrir -al margen de la ley y del Codigo Procesal vigente que rige el proceso penal motivo por el cual debe imputársele el prevaricato- el genocidio virósico chino de COVID-19.

FUNDAMENTOS
Así pues, corresponderá promover una investigación exhaustiva y pormenorizada sobre la actuación del mentado magistrado en el expediente nro. 1874/2020 caratulado “IMPUTADO: N., N. S/AVERIGUACION DE DELITO DENUNCIANTE: SÁNCHEZ KALBERMATTEN, ALEJANDRO” por el INEFABLE desempeño del juez actuante. A saber.
En primera medida, la investigación parecía ser fructífera cuando se dio intervención al Señor Fiscal, Dr. Guillermo MARIJUAN quien propuso una serie de medidas para dar curso a la pesquisa y fueron acatadas por el juez aquí denunciado. Mas, intempestivamente el 7 de julio de 2020, el mismo magistrado dispuso DE MANERA EXTEMPORANEA, INFUNDADA y ARBITRARIA (i) REVOCAR por CONTRARIO IMPERIO el punto I dela resolución obrante a fs. 37/41; (ii) ARCHIVAR la presente causa n° 1874/2020, y (iii) no habilitar al suscripto el acceso al sistema informático lex 100 en las presentes actuaciones.

Ello desde luego resultó no solo ofensivo para el suscripto, sino también claramente contrario a derecho, arbitrario y además causar gravamen irreparable.
En ese sentido, el mentado ex juez hizo, básicamente, lo que quiso con una importante denuncia que tendría en velo al mundo entero a la espera de sus resultados. No obstante, esto no fue así, dado que el ominoso CANICOBA CORRAL afirmó que había cometido de un error al disponer el libramiento del exhorto conforme surge de fs. 37/41 (Expte. 1874/2020), en razón de carecer de jurisdicción para investigar el hecho, LO CUAL ES FALAZ Y ESPURIO.

Al respecto cabe destacar que no toda situación de violación de DDHH genera responsabilidad penal internacional, sino que debe encuadrar en la tipicidad, de conformidad con la Ley 26.200 Art. 5. Ello es posible a través la competencia que se otorga en la investigación, correspondiente a los tribunales federales. Veamos.
Entonces, la República Argentina sancionó la Ley 26.200 con fecha 13 de diciembre de 2006 que recepta el Estatuto de Roma, ergo Argentina es un Estado Parte del mentado instrumento. Allí, se dirime expresamente cualquier cuestión relativa a la competencia, precisamente en el Art. 5 que establece: “La competencia por la comisión de los delitos previstos en el Estatuto de Roma y en la presente ley corresponde a los Tribunales Federales con competencia en lo penal”.

Los Estados Parte del Estatuto de Roma aceptan cooperación internacional y DEBEN complementariedad, estar preparado legislación interna, y tiene que estar preparado para juzgar (Ley 26.200, Art. 5 los Tribunales Federales). Entonces, queda claro que la JURISDICCION 5 PRIMARIA está a cargo de los jueces federales de la República Argentina (en este caso), ya que primero juzga el Estado Parte, para que luego eventualmente intervenga la CPI.

Hilarantes e inusitadas las decisiones del ex magistrado (una más entre tantas), pues pone de manifiesto una situación totalmente atípica y temeraria, sin perjuicio de significar una merma manifiesta al buen servicio de justicia. Es dable destacar que de la providencia del 1 de julio del MISMO (en ese entonces) Juez Federal se desprende lo siguiente: “el titular a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 9 devolvió los presentes actuados para que el suscripto remita una rogatoria internacional a las autoridades judiciales de la Confederación Suiza, con el objeto de conocer la situación actual de las investigaciones que se iniciaron para investigar el origen de la pandemia; y una vez cumplido ello, se archiven los presentes hasta obtener respuesta de aquél requerimiento” (cfr. fojas 30/33 expte. 1874/2020).

Entonces, a pesar de negarle el acceso a la causa por vía LEX100 a este letrado, surge de la misma providencia del juez a-quo la clara voluntad del Fiscal Dr. Guillermo Fernando MARIJUAN. Esto es PRIMERO librar exhorto internacional, y una vez cumplido ello, se archiven las actuaciones hasta obtener respuesta de aquél requerimiento. En ningún momento se avizora un mínimo sesgo, por parte del Representante del Ministerio Publico Fiscal, de archivar la causa sin más. Mucho menos se observa un atisbo que dé lugar a imaginar la ulterior pueril argumentación – de cinco (5) renglones. SÍ, CINCO RENGLONES – acerca de que las relaciones con naciones extranjeras y organismos internacionales, son de exclusivo resorte del Poder Ejecutivo Nacional.

Ergo, ha incurrido el Señor Rodolfo CANICOBA CORRAL en prevaricato no solo por lo mentado supra, esto es haber esbozado una “argumentación” (de 5 renglones) contraria a derecho, sino también por haber revocado por contrario imperio de forma extemporánea, es decir, pasado el PLAZO LEGAL para poder hacerlo. En otras palabras, “HAGO LO QUE QUIERO PARA BENEFICIARME”.
Incomprensible el uso de tal maniobra para evitar que siga con el ávido deseo del mundo a fin de obtener justicia. Los sórdido subterfugios desplegados, no fueron más que un vano intento de “lavarse las manos”, en un acto no solo denota una total hipocresía, sino que ya estaríamos hablando de delitos tipificados en el código penal.
Retomando, la providencia que revoca por contrario imperio tiene lugar a los seis (6) días de haber manifestado el entonces Juez la necesidad de investigar, incluso ordenando medidas para desligarse de una cuestión que afecta al mundo entero.

Por ello, la providencia dictada con fecha 7 de julio de 2020 (en el expte. 1874) buscó revocar por contrario imperio lo dispuesto en el 7 decisorio de fecha 1 de julio de 2020. Habiéndose cumplido seis (6) días, resulta arbitrariamente inusitado el intento del juez actuante de archivar el expediente. Eso da cuenta de que se han excedido los tres (3) días hábiles desde que se dictó la primera resolución, para poder ser revocada. O sea, no se han cumplido con las condiciones de tiempo estipuladas, sino que se ha intentado revocar un decisorio, no solo con ausencia de fundamentos, sino también fuera de término.
Entonces, el gobierno chino cumplió con su finalidad al desviar el crecimiento de todos los países del mundo (con excepción de ellos mismos) que deben enfocarse pura y exclusivamente a intentar apoyar a la ciencia para obtener creación de una vacuna que sea efectiva contra todas las cepas de este virus premeditado. Y en suelo argentino, el ex juez aquí denunciado se encargó de querer “tapar el sol con un dedo”.
Se trata de un desatino de manifiesta gravedad… Parece mentira que exista un cambio tan brusco de parecer en tan solo seis (6) días, sin perjuicio de que no se haya fundado ni se haya expuesto en término legal. Solo Dios y el a-quo saben qué fue lo que motivó a este ex Juez Federal a este infausto cambio abrupto en aras de la impunidad. Será también motivo entonces, de esta investigación, arribar a conclusiones que desentramen lo hecho por este deleznable sujeto.
Y vuelvo sobre lo mismo, ¿cómo es que un Juez Federal con sorprendente valentía dispone lo siguiente?: “tomando en consideración la magnitud y gravedad de los hechos denunciados, que vienen acarreando un perjuicio de índole nacional e internacional, es que considero acertada la solicitud efectuada por el doctor GUILLERMO FERNANDO MARIJUAN, por cuanto requirió la solicitud de colaboración internacional de la Confederación Suiza para desentrañar el origen de la pandemia y deslindar responsabilidades de las autoridades internacionales. En virtud de ello, habré de librar un exhorto Internacional a las autoridades judiciales de la Confederación Suiza”. (Fecha 1 de julio de 2020 expte. 1874/2020)
Y luego de haber expresado esto, señala con notable mendacidad y extemporáneamente da marcha atrás a esas medidas, archivando el expediente. Un real disparate.
En otro orden de ideas, claro está que nuestro país no quedó exento del genocidio virósico denunciado oportunamente y desdicho por Rodolfo CANICOBA CORRAL. Los casos van en aumento exponencial, y las respuestas a las familias de las víctimas son absolutamente exiguas. De allí surgía la importancia de que se lleve adelante una impertérrita pesquisa para poder arribar a una verdad que eche luz sobre lo sucedido, que como mencioné, sigue azotándonos con sus consecuencias fatales hasta el día de hoy (más de 82.000 victimas), y continuarán en aumento.
Siguiendo ese norte, Rodolfo CANICOBA CORRAL carecía y carece de poder para denegar el acceso a la justicia a un habitante del suelo argentino, violando los estándares fijados por el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En este mismo sentido, el Art. 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos reconoce una garantía jurisdiccional, que más allá de su función jurídica, ha recibido denominaciones como “acceso a la justicia” o “derecho a la protección judicial”, derecho a la jurisdicción” o “derecho de peticionar”, entre otras. En relación con el concepto de garantía, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entendido que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho. Asimismo, siguiendo a Luigi Ferrajoli debe entenderse por garantías a “la expresión del vocabulario jurídico que designa cualquier técnica normativa de tutela de un derecho subjetivo”.
En consecuencia, el derecho previsto en el mentado artículo de la C.A.D.H., consiste básicamente en la posibilidad de toda persona de ser oída y peticionar ante las autoridades judiciales exigiendo el respeto de otros derechos que considera afectados o en peligro y la obtención de una respuesta adecuada. El derecho a la jurisdicción es un derecho que funciona como “llave”, ya que permite, al menos formalmente, habilitar los 10 mecanismos institucionales del sistema jurídico para la protección de los demás derechos.
Tal como dice CASTEX, “la tutela judicial efectiva de los derechos humanos, según exige la normativa internacional, no se garantiza con un fiscal que, por abarcar mucho, termina por representar a nadie. Tal resguardo solo lo asegura una víctima autónoma con facultades dispositivas” (CASTEX, F., ob. cit., p.131). “La dignidad no consiste en nuestros honores sino en el reconocimiento de merecer lo que tenemos” Aristóteles.
Asimismo, normativamente se ha infringido la Ley 24.759 que aprobara la Convención Interamericana contra la Corrupción firmada en la tercera sesión plenaria de la Organización de los Estados Americanos. Particularmente, de la Convención se ha soslayado el Art. II inc. 1, 2, 9 y 10. Pues además, existen numerosas pruebas y antecedentes que exhiben al mentado exjuez como autor responsable de actos de corrupción en las modalidades tipificadas en el Art. VI, existiendo también claras sospechas de haber incurrido en soborno transnacional (cfr. Art. VIII). Y como si esto fuera poco, existen multiples denuncias sobre el mentado por su enriquecimiento ilícito, también receptado por dicha convención en su Art. IX.
En ese sendero, la Ley 26.097 que recepta la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, adoptada en Nueva York, Estados Unidos de América, el 31 de octubre de 2003, dispone de forma manifiesta en su Art. 5 lo siguiente: “Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas.”
Claro está que, Rodolfo CANICOBA CORRAL lejos está de haber detentado el cargo de magistrado de forma transparente, a la vez que debe rendir varias cuentas pendientes con la justicia, las cuales hasta la fecha ha eludido con sagacidad, mas es tiempo de acabar con su ominosa impunidad.
Ahora bien, los estrambóticos decisorios que motivan al suscripto a denunciar PREVARICATO y el consecuente ENCUBRIMIENTO del genocidio virósico por el accionar del mentado ex juez de forma manifiestamente contraria a derecho, se fundamenta per se, pues este escandaloso modus operandi providencia denota languidez y arbitrariedad. Se trató de una mera patochada, indigna, sin sustento que debió ser declarado nulo de nulidad absoluta e insanable al violar tanto normas constitucionales como instrumentos internacionales con jerarquía constitucional.
Y aún más, debió ser declarado nulo por autocontradicción, falta absoluta de motivación, arbitrariedad, sugestividad, ligereza, extemporaneidad y por incurrir en la teoría de los actos propios, que establece la inadmisibilidad de actuar contra los propios actos hechos con anterioridad.
Precisamente, Rodolfo CANICOBA CORRAL quien con ahinco buscó encubrir el genocidio virósico chino por intereses y beneficios que deben ser investigados, soslayó el sencillo hecho de que existe un procedimiento establecido por el Código Procesal Penal de la Nación, considerado como derecho constitucional aplicado, al establecer la reglamentación de los derechos y garantías emanados tanto de nuestra Carta Magna como de los tratados internacionales. Entonces, este código de rito marca los lineamientos para transitar el proceso penal de conformidad con la Ley Suprema, y es obligatorio debe ser cumplido tanto por las partes del proceso como el Señor Juez actuante en la causa.
Y no es la primera vez que este ex juez tuvo problemas de esta índole. Como bien es sabido su prontuario goza de múltiples denuncias por prevaricato, más entiendo que ninguna de sus tropelías produjo consecuencias tan graves como esta.4 Incluso él mismo admitió a la prensa los motivos para dirimir del cargo (por suerte para los justiciables y el Estado): «Me dijeron que dejara el cargo o iba al Consejo de la Magistratura».
Habiendo dicho esto, resulta palmario que el mentado ex juez ha incurrido en prevaricato con el claro interés de encubrir la denuncia penal iniciada contra el gobierno chino responsable de haber propagado el COVID-19 con dolo manifiesto.5 Incluso se han iniciado investigaciones por orden del presidente de los E.E.U.U. Joe BIDEN, para obtener más pruebas sobre la culpabilidad de China en el inicio de esta pandemia.
Este denunciante consideró firmemente que la Justicia Federal Argentina podía ser líder en la búsqueda de toda la verdad que el gobierno Chino6 pretende ocultar manipular y encubrir con la asistencia y connivencia de la OMS7. Mas este inescrupuloso ex magistrado, en mal desempeño de sus funciones se ha encargado de obstaculizar esa intención.
Además, la presente denuncia tiene asidero en que este país debe ser reivindicado de una vez por todas como el auténtico promotor de una justicia transparente, que busque acendradamente la verdad y vele por ella.
En virtud de lo expuesto, solicito se informe al Consejo de la Magistratura de la radicación de la denuncia, a fin de que se paralice el trámite jubilatorio ante ANSES del exjuez, hasta tanto se dirima la responsabilidad penal que se le endilga en esta denuncia.
Por último, corresponderá hacer lugar a la presente denuncia en virtud de lo dispuesto por el art. V de la CONVENCION INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCION aprobada por la República Argentina.
Por otra parte, hago reserva expresa de ampliar esta presentación e incluir nuevos sujetos pasivos de esta investigación que se propugna.
PETITORIO
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:
Visto y considerando la relevancia de lo expuesto, solicito en carácter de urgente que:
…. 3) Se tenga por presentada la denuncia en los términos del Art. 174 del C.P.P.N y se ordene la instrucción de sumario para investigar los hechos que se denuncian y las responsabilidades que correspondan; 4) Se tenga presente el pedido al magistrado de excusación en el hipotético caso de que incurra en alguna incompatibilidad con el caso; 5) Se notifique de la radicación de esta causa a la embajadora de los Estados Unidos de Norteamérica, Miss. MaryKay CARLSON 6) Oportunamente se cite al responsable de estos eventos a prestar declaración indagatoria (Art. 294 del CPPN), se juzgue su responsabilidad, y se condene al máximo de la pena prevista para los delitos incoados; 7) Se tengan presentes todos y cada uno de los hechos endilgados y a la consecuente responsabilidad de los autores, coautores y cómplices, por el DELITO de PREVARICATO y el consecuente ENCUBRIMIENTO; 8) Formulo reserva de ampliar esta presentación e incluir nuevos sujetos pasivos de esta investigación que se propugna.

Claramente, se deja abierta la puerta para continuar la investigación y determinar responsabilidades o posibles presiones gubernamentales o internacionales que influyeron en la decisión del cuestionado ex magistrado.

Por Mariano Molina – Lavalle Mendoza – Tel. 2613832487

Dejá tu comentario